Ciudad
de México, 16
de abril de 2020. Tendencias Libres (Redacción).-
Amnistía Internacional, Equis Justicia para las Mujeres y la Red
Nacional de Refugios, hacen un llamado urgente al Estado mexicano
para que cumpla con su deber de prevenir y atender las violencias
contra las mujeres durante la “Jornada de Sana Distancia”. La
petición obedece a que las medidas de confinamiento establecidas
para prevenir la propagación del COVID-19, intensifican el riesgo de
violencia doméstica[1] y, por tanto, tal como lo señala el Comité
de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém
do Pará (MESECVI), es preciso que se mantengan activas todas las
acciones y servicios necesarios para prevenir, atender, juzgar y
sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas.
En
este sentido, las tres Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs)
advierten la necesidad de que se agilice el proceso para dotar de
recursos a los Refugios que alojan y protegen a las mujeres que han
vivido violencia, los cuales fueron incluidos en el catálogo de
“servicios esenciales” durante la cuarentena para mitigar la
expansión del COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 31 de marzo de 2020.
Apenas
este 7 de abril, la Secretaría del Bienestar publicó los
Lineamientos para la distribución y operación de los recursos que
están etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) 2020, para el Programa de Apoyo para Refugios Especializados
para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos.
Esto quiere decir que, a la fecha, los Refugios continúan operando
con sus reservas de dinero y a través de donativos, en momentos en
los que, de acuerdo con la Red Nacional de Refugios, los 29 refugios
y 9 casas de emergencia y de tránsito con los que cuenta se
encuentran al 80 o hasta más del 100 por ciento de su capacidad.
Si
bien a partir del 8 de abril se abrirá el periodo para la
presentación de proyectos, y esto sin duda es un paso importante
para que los Refugios cuenten con el presupuesto necesario para
operar, existen varias preocupaciones. Por un lado, se solicita la
presentación de requisitos estrictos, particularmente difíciles de
cumplir en esta contingencia[2]; por otro lado, los lineamientos
indican que el recurso se entregará en un plazo de máximo 30 días
hábiles posteriores a la firma de los convenios con cada Refugio, lo
que significaría estar recibiendo aproximadamente la primera
ministración del recurso asignado a principios del mes de junio.
Esto vulnera la operatividad de los Refugios y, por lo tanto, los
servicios de protección especializados para mujeres y en su caso,
sus hijas ! e hijos.
En
este sentido, las OSCs que suscriben instan al Estado mexicano a
establecer un mecanismo presupuestario, de evaluación y seguimiento
que garantice recursos para los Refugios de manera permanente, de tal
forma que puedan trabajar todo el año sin ningún tipo de carencia.
De
igual forma, hacen un llamado para que los Centros de Justicia para
las Mujeres (CEJUM) operen en horarios regulares, en los que
proporcionen todos los servicios interinstitucionales y
especializados de atención con perspectiva de género, incluyendo
los albergues temporales con que cuentan[3]. Amnistía Internacional
ha tenido conocimiento que algunos CEJUM han reducido sus horarios de
atención, lo cual podría vulnerar el acceso a la justicia para las
mujeres.
Ahora
bien, en su investigación (Des)protección judicial en tiempos de
Covid-19, Equis Justicia para las Mujeres, señala que la suspensión
de labores en los Poderes Judiciales ante la pandemia del COVID-19
dejó a miles de mujeres en el país en total desprotección ante los
distintos casos de violencia que enfrentan.
Lo
anterior es particularmente grave si se considera que la violencia
contra las mujeres ha ido en aumento. De hecho, datos recabados por
la Red Nacional de Refugios, revelan el incremento de solicitudes de
ayuda de mujeres que huyen de sus hogares por la violencia que sufren
en ellos. Uno de los casos más visibles que ejemplifican la
incontenible violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto
de la pandemia por Covid-19, es el feminicidio de la niña Ana Paola,
ocurrido el jueves 2 de abril, en su casa de Nogales, Sonora.
Amnistía
Internacional, Equis Justicia para las Mujeres y la Red Nacional de
Refugios, reconocen la complejidad que enfrenta México debido a las
medidas excepcionales que se requiere adoptar para contener la
pandemia. Sin embargo, aún en este contexto, se deben mantener
vigentes las medidas que garanticen el acceso de las mujeres a una
vida libre de violencia.
Por
lo mismo, es crucial que se garantice el funcionamiento pleno de los
Centros de Justicia para las Mujeres y los Refugios para salvaguardar
la seguridad de mujeres y niñas[4]. De igual forma, tendría que
garantizarse que el servicio de impartición de justicia establezca
mecanismos de prevención, denuncia y atención para las víctimas de
violencia de género, de cara a este contexto.
La
violencia contra las mujeres y las niñas ha sido calificada por el
Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, como
una “pandemia mundial”. En México, donde diez mujeres son
asesinadas cada día, no es posible esperar más para reforzar las
acciones que evitarán que la violencia en los hogares y los
feminicidios incrementen durante esta cuarentena.
El
Estado mexicano no debe abandonar a las mujeres en medio de la
emergencia.
[1]
En un comunicado emitido el miércoles 18 de marzo de 2020 el Comité
de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém
do Pará (MESECVI), advierte que “un porcentaje muy alto de las
mujeres y niñas en la región son violentadas por sus parejas, sus
familiares o por las personas con las que conviven cotidianamente. En
este sentido, el aislamiento forzoso que conllevan las cuarentenas
enfrenta a las mujeres a un riesgo muy alto de que se extreme la
violencia en su contra al convivir tiempo completo con sus
victimarios, así como que las y los niños y otras personas
vulnerables se expongan a la misma de forma directa o indirecta”.
[2]
Por ejemplo, se solicita la presentación de documentos que dependen
de instancias ajenas a los propios Refugios y que, debido a la
suspensión de labores de dependencias gubernamentales, podrían no
estar en poder de los Refugios obtenerlos. Tal es el caso de los
documentos expedidos por la Secretaría de Salud o cualquier otra
dependencia federal correspondiente.
[3]
Los CEJUM facilitan el acceso a la justicia para las mujeres, a
través de servicios de atención legal, médica, psicológica,
proyectos de empoderamiento económico, espacios de ludoteca y
albergue temporal. Véase:
https://equis.org.mx/project/informe-sobre-los-centros-de-justicia-para-las-mujeres/.
[4]
Entre otras medidas urgentes y necesarias de implementar están: las
líneas de atención telefónica y alarmas silenciosas con
geolocalización, albergues transitorios, y demás acciones
intersectoriales y que transversalicen la perspectiva de género,
derechos humanos y la interculturalidad.
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