Ciudad
de México. 26 de octubre de 2021. Tendencias Libres (Redacción).- La
justicia mexicana respalda la necesidad de continuar la investigación en el
caso de Ligia (Lily) Ceballos Franco, ciudadana mexicana que podría haber sido
un ‘bebé robado’ en España en 1968. Este lunes, en juicio oral, el juzgado de
control revocó la decisión adoptada por la Fiscalía mexicana el pasado 25 de
mayo de 2021, que daba por concluida la investigación, entre otros argumentos,
por el fallecimiento de los presuntos perpetradores de este delito. En España,
mientras tanto, numerosos juzgados siguen aplicando la prescripción de los
hechos a estas denuncias, lo que en la práctica supone no llevar a cabo un
mínimo intento por proporcionar verdad a las víctimas.
“Es
una muy buena noticia que la justicia mexicana tome una decisión que, sin duda,
ayudará a Lily a encontrar la verdad sobre quién fue su madre biológica y si
fue separada de ella con o sin su consentimiento. Con esta decisión, la
justicia mexicana da un paso importante en la lucha contra la impunidad por crímenes de derecho
internacional cometidos en España durante el franquismo, para que Lily conozca
la verdad, se le haga justicia y se actúe conforme a los estándares
internacionales de derechos humanos”, manifestó Esteban Beltrán, director de
Amnistía Internacional España.
Amnistía
Internacional recuerda, como ya hizo el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones
Forzadas de Naciones Unidas, que los efectos de este tipo de delitos solo cesan
cuando se descubre la verdad sobre la identidad y se garantiza a las víctimas
la posibilidad legal y real de restablecerla, así como sus lazos familiares.
Extremos que en el presente caso no se han garantizado aún, y por lo que debe
continuarse con la investigación.
Ligia
Ceballos (Lily), tras conocer la decisión judicial manifiesta: “ha sido muy
emotivo conocer la decisión de la jueza. El proceso de investigación continúa
abierto, tener la posibilidad de conocer mis orígenes me supone una gran
alegría. ¡Agradezco a Amnistía Internacional y a los asesores legales todos sus
esfuerzos por esclarecer la verdad!“.
Ligia
Ceballos Franco, ciudadana mexicana, presentó el 15 de febrero de 2017 una
denuncia penal ante la entonces Procuraduría General de la República Mexicana,
que, en pocos días, fue admitida a trámite, por presunta desaparición forzada.
Unos años antes de presentar la demanda, Lily descubrió que había nacido en
España como María Diana Ortiz Ramírez y que fue entregada en prohijamiento a un
matrimonio mexicano que se la llevó a su país, inscribiéndola como hija
natural, nacida en México. Para Amnistía Internacional, que apoyó la
presentación de la denuncia, este caso podía enmarcarse dentro del así
denominado “robo de bebés” en España.
Durante
la investigación en México se han dado importantes avances para restablecer la
verdadera identidad de Lily y arrojar luz sobre hechos importantes de su
pasado. A raíz de una petición de auxilio judicial formulada por las
autoridades mexicanas, la Fiscalía Provincial de Madridinició otra
investigación que, pese a su exhaustividad, se cerró sin proporcionar certeza
sobre el origen de Lily. Sin embargo, fruto de los esfuerzos de ambos
ministerios públicos, Lily ha podido conocer detalles de su pasado que avanzan
en la reconstrucción de su propia historia y en la satisfacción de su derecho a
conocer su verdadera identidad.
“Con
esta última decisión judicial, se continuará con la investigación y se tendrán
que aclarar hechos que podrían ser muy relevantes para Lily; entre ellos,
corroborar si hubo contacto de la familia adoptiva con el Consulado o embajada
estadounidense en España, previo a la escala en Miami del viaje de Lily hasta
México; si se expidió un pasaporte para la bebé y a qué nombre; si siguen vivos
los funcionarios mexicanos que participaron en el ingreso de Lily a México y su
posterior inscripción al registro civil con otro nombre; el papel que
desempeñaron en este prohijamiento los arzobispos de Mérida y de Madrid, y el
sacerdote asesor de este último, entre otros aspectos”, señaló Carolina
Marrusich Esquivel, abogada del despacho “Mijangos y González Abogados” que
lleva el caso de Lily.
“La
decisión del juez de control respecto del caso de Lily abre una ventana a la
esperanza para que ella pueda conocer su origen verdadero, después de décadas
de sufrimiento moral y psicológico. Desde Amnistía Internacional seguiremos
apoyando las acciones que permitan a Lily, y a miles de personas en situación
similar, restaurar su derecho a la identidad, a la nacionalidad y al nombre”,
declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional
México.
Bebés
robados en España
En
marzo de 2021, Amnistía Internacional hizo pública la investigación,‘Tiempo de
verdad y de justicia’. Vulneraciones de derechos humanos en los casos de “bebés
robados”, en la que denunciaba los obstáculos y dificultades que enfrentan en
sus procesos de búsqueda aquellas personas que desean, como Lily, conocer su
identidad y origen, así como de aquellas que sospechan haber sufrido la
sustracción de sus hijos e hijas. Las denuncias y testimonios documentados por
la organización engloban a personas que
pudieron ser objeto de desaparición forzada, o de sustracción y
sustitución de sus identidades desde finales de la Guerra Civil hasta los
primeros años de la democracia. Todo ello con la connivencia del Estado en un
primer momento, y con una respuesta inadecuada y una falta de diligencia y un
desinterés ! posterior del Estado que ha
hecho imposible hasta ahora que lleguen hasta el final la mayoría de las
investigaciones judiciales y no han facilitado el acompañamiento de las
autoridades españolas a las personas inmersas en estos procesos de búsqueda.
En
España, múltiples juzgados han aplicado la prescripción a estas denuncias, lo
que en la práctica ha supuesto no llevar a cabo ni un mínimo intento por
proporcionar verdad a las víctimas. Amnistía Internacional pide al Estado
español que cumpla con las recomendaciones de Naciones Unidas y busque e
identifique a quienes podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición
forzada y/o sustitución de su identidad; y lleve a los responsables ante la
justicia.
Una
oportunidad histórica para avanzar en la verdad y la justicia es la Ley sobre
Bebés Robados, que se encuentra paralizada en el Congreso español desde hace
varios meses y no avanza en su tramitación parlamentaria. Amnistía Internacional
y familiares de “bebés robados” pidieron hace unos días un impulso decidido a
esta ley.
Información
del caso
Ligia
Ceballos Franco nació en Madrid el 29 de mayo de 1968 con el nombre de María
Diana Ortiz Ramírez, fue entregada en prohijamiento a un matrimonio mexicano
que se la llevó a su país, inscribiéndola como hija natural, nacida en México.
La
única información que consta sobre su filiación son los nombres supuestos de
sus padres, Marta y Rafael. El 11 de julio de 1968, según consta en un Acuerdo
de la Diputación Provincial de Madrid, la niña fue entregada en prohijamiento a
un matrimonio mexicano que se la llevó consigo a Mérida, Yucatán. Una vez allí,
fue registrada ante la Oficialía del Registro del Estado de Yucatán con otro
nombre, y como nacida en México e inscrita como hija biológica del matrimonio
Ceballos Franco.
Según
el padre adoptivo de Ligia, ya fallecido, y otros múltiples testimonios
recogidos directamente por Amnistía Internacional, este matrimonio recurrió a
las autoridades eclesiásticas del estado de Yucatán, al sur de México, pues no
podían tener hijos de forma natural. Así, se habría iniciado una
correspondencia entre el arzobispo de Yucatán y el arzobispo de Madrid, el
cual, al parecer, mostró su apoyo para que la familia Ceballos pudiera adoptar
una niña. En junio de 1968, el matrimonio viajó a España con el fin de recibir
a la niña en adopción. En esas mismas fechas, el Secretario Particular del
Arzobispo de Mérida, Ramón Bueno y Bueno, viajó desde México a Madrid. Según el
padre de Ligia, miembros del arzobispado les dijeron que les tenían preparado
“algo especial, pero aún no ha nacido”. ! Según testimonios de los familiares a
Amnistía Internacional, el matrimonio habría pagado la cantidad de 50.000
pesetas por la adopción.
