Ciudad de México, 03 de noviembre de 2021. Tendencias Libres (Redacción).- En los últimos tres años el gobierno de la Ciudad ha adquirido bienes y servicios sin cumplir la normatividad, lo que ha generado informaciones en medios de comunicación sobre alguna irregularidad en contratos u obra pública, es por ello que el legislador ciudadano, Royfid Torres González promovió en el Congreso de la Ciudad de México una Iniciativa para modificar y adicionar algunas disposiciones a la Ley de Adquisiciones local, que la convierta en un instrumento que promueva la transparencia y el combate a la corrupción.
El representante de la Bancada Naranja detalló algunos casos de adjudicación directa, incluso antes de la emergencia sanitaria ocasionada por la Pandemia del COVID19, que confirman que la opacidad estuvo presente en dichos procesos.
“En 2018, 2019 y 2020 se adjudicó de manera directa a Telmex un contrato de conectividad por servicios de telecomunicaciones por alrededor de 770 millones de pesos y durante 2020 se detectó que la renta de patrullas por más de 3 mil millones de pesos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Administración y Finanzas, que se realizó en menos de 15 días, con situaciones directas de marca, así como especificaciones concretas con invitación restringida, cuando debió ser una licitación abierta con al menos 6 meses de duración”, explicó.
El integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana recordó que las omisiones no sólo fueron a nivel de la administración capitalina, sino también en Alcaldías, por ello, recordó, la semana pasada exhortó al Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México para establecer la política al respecto.
“En marzo de 2020, al inicio de la emergencia de salud, se observó y denunció la compra a sobreprecio de ventiladores mecánicos por 384 millones de pesos, incluso por encima del precio pagado por el Gobierno federal, realizada por el Gobierno de la Ciudad de México o las compras a sobreprecio en Iztapalapa, demarcación territorial que compró insumos de protección con sobreprecio de más del 50 por ciento. Es evidente que en la Ciudad existe un ambiente de opacidad en las compras públicas, indicó.
Ante ello, Torres González señaló que los casos expuestos son muestra de que existe el contexto ideal para malversar o gastar de manera ineficiente los recursos públicos e incluso los organismos para sancionarlos, como la Auditoría Superior de la Federación o la de la CDMX, han hecho recomendaciones e investigaciones con pocos resultados.
“Sólo el 3 por ciento de los delitos presentados en la Auditoría Superior de la Federación relacionados con este tema han sido sancionados y la misma Auditoria ha emitido recomendaciones para hacer los procesos de contrataciones o compras más transparentes, por ejemplo, de las mil 641 quejas que ingresaron a ella, sólo 213 fueron atendidas. Podemos decir que los recursos para la contratación de bienes y servicios no están protegidos contra actos de corrupción”, señaló.
Ante este escenario, el representante ciudadano indicó que el marco normativo vigente no es suficiente y debe ser revisado, adicionando recomendaciones en distintos rubros, como sugiere la Asociación Civil México Evalúa.
“Primero: licitaciones y menos contrataciones discrecionales; segundo, más competencia en las licitaciones y menos simulación; tercero, profesionalización de la burocracia para realizar la correcta contratación de obras públicas o servicios y, tercero, el uso de la tecnología para la fiscalización, así como la rendición de cuentas mediante contralorías ciudadanas”.
Finalmente, el legislador estimó que la iniciativa presentada fortalecerá el marco normativo de los procesos de selección y planeación de los proyectos públicos, obligando al cumplimiento de los controles de transparencia y rendición de cuentas establecidos en la misma Ley de Adquisiciones.
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