Hacia un plan integral para atender las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus en México

Centro de Estudios Espinosa Yglesias

Ciudad de México, 21 de abril de 2020. Tendencias Libres (Redacción).- México enfrenta una amenaza histórica. En muy poco tiempo, los efectos de la pandemia de coronavirus (COVID-19) pueden sumir en la pobreza a otros 21 millones de mexicanos. Lo anterior se traduciría en que más de 82 millones de personas en el país carecerían del ingreso necesario para alcanzar un mínimo de bienestar. El escenario anterior es más que posible —y podría ser peor— si se repiten las secuelas de la crisis financiera que asoló a la nación en 1994. En cuanto a la pobreza por ingresos, el reloj de la historia retrocedería casi un cuarto de siglo. El legado, no solo de la crisis, sino de quienes tomen decisiones, sería un México en la ruina social.

Países de la región han reconocido el desafío y se han puesto a la altura del reto que definirá una época. Chile dedicará recursos equivalentes a 4.7 % de su PIB, Brasil 2.2 %, Perú 2.1 %, Argentina 1.5 % y Colombia 1.3 %. Costa Rica declarará moratoria al pago de impuestos, y Cuba subsidiará a los trabajadores que enfermen. Ecuador aplazará tres meses el cobro de las cuotas de la seguridad social, Guatemala ya autorizó subsidios focalizados a la población pobre, y Venezuela creará un bono especial, según su registro de condiciones sociales.

Estos y otros países hacen esfuerzos extraordinarios, pese a las distintas vicisitudes económicas que arrastraban antes de la emergencia. La crisis actual y prevista demanda acciones inmediatas y radicales, pero, al mismo tiempo, fundamentadas y responsables. No hay lugar para la inacción. Ante una situación económica inédita, el Estado debe ir más allá de la ortodoxia monetaria y fiscal que prevalece hoy.

El presente documento plantea el panorama —aún en evolución— del momento económico que vive México a raíz de la pandemia de COVID-19. Su objetivo es hacer propuestas para que, una vez minimizada la pérdida de vidas, se eviten la pérdida de empleos, y la quiebra de empresas.

El distanciamiento social, si bien necesario, no resuelve las carencias del Sistema de Salud. Ante el riesgo de secuelas mayores para la vida y la economía de las actuales y las futuras generaciones, se deben asumir grandes responsabilidades. Los tiempos exigen considerar propuestas informadas y generar su debate público, por lo que exponemos lo siguiente:

1. El 29 de febrero de 2020, México formó parte de los 62 países con casos de COVID-

19. Para el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia. La primera muerte en México ocurrió el 18 de marzo. Al día 20, había 176 países con casos confirmados.

2. La pandemia ejerce presión sobre los servicios de salud. Se estima que entre el 70 y 80 % de la población puede infectarse, y que entre un 15 y 20 % puede requerir hospitalización. La tasa de mortalidad ha fluctuado alrededor del 4 % de los casos confirmados.

3. Para reducir la presión sobre los servicios de salud y evitar su colapso, se han seguido estrategias de distanciamiento social y de confinamiento. Esto ha provocado que la actividad económica de ciertos sectores se detenga en gran parte del mundo.

4. Las consecuencias económicas y sociales de la pandemia serán de magnitudes significativas. Para 2020, las estimaciones preliminares señalan un impacto mundial que va desde una desaceleración económica a la mitad (OCDE), hasta una recesión. Para los Estados Unidos, se anticipa una contracción anual igual o mayor a la de 2009, que fue de 2.5 %. Lo anterior se da en un contexto de caída del precio del petróleo a un tercio de lo que llegó a cotizarse a inicios del año.

5. Los países avanzados han anunciado medidas de política monetaria. Por ejemplo, la Reserva Federal norteamericana redujo abruptamente a cero la tasa de referencia. Asimismo, en Estados Unidos, ya se implementa una relajación monetaria con la compra de instrumentos públicos y privados para inyectar 500 mil millones de dólares y así dotar de liquidez a los mercados financieros.

6. Por el lado fiscal, los gobiernos de Alemania y Dinamarca se han comprometido, bajo condición de no despidos, a pagar parte de los salarios de los trabajadores de las empresas privadas. En Estados Unidos, por su parte, se aprobó un paquete de estímulos de 2 billones (trillions) de dólares. De estos, resaltan 367 mil millones para préstamos a pequeñas empresas y negocios, 150 mil millones para gobiernos locales y estatales, y 130 mil millones para hospitales. En cuanto a las transferencias directas, se aprobó un cheque de una sola vez por 1200 dólares para todos los

norteamericanos que ganan menos de 75 mil dólares al año. Asimismo, y en varios países, las empresas han anunciado créditos blandos para sobrellevar la crisis.

7. Para México, los pronósticos de varias instituciones del sector financiero son de una contracción del PIB que varía de 1.6 % hasta 7 %, con un promedio de 3.4 %. Con dicho promedio, el decrecimiento del ingreso per cápita sería de 4.5 %. Además, dada la estructura factorial identificada por INEGI, se espera una reducción del total de las remuneraciones a asalariados, formales e informales, de 1 % del PIB.

8. Lo anterior se combina con una caída de alrededor de 60 % en el precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo y de 70 % en el de la gasolina. Además, el peso ha llegado a sufrir una depreciación frente al dólar de alrededor de 30 %. Esto representa, potencialmente, un efecto por demás negativo sobre las finanzas públicas, a lo que se suma una tendencia incierta de la inflación y la baja de la calificación crediticia de la deuda soberana.

9. Por su parte, las autoridades monetarias y el gobierno mexicano han anunciado acciones coherentes a nivel macroeconómico. En política monetaria, el Banco de México redujo 50 puntos base la tasa de referencia y amplió en 2000 millones las subastas de dólares para tratar de estabilizar el mercado cambiario. En cuanto a la política fiscal, la Cámara de Diputados aprobó eliminar el superávit primario de 0.7 % del PIB para ampliar el gasto público. Además, el gobierno federal adelantó partidas de gasto —en especial al sector salud— y transferencias de ingreso. También se anunció un esquema de un millón de créditos a pequeñas y medianas empresas por un total de 25 mil millones de pesos.

10. A pesar de las acciones fiscales antes descritas, estas aún son limitadas. El esquema de instrumentación no ha sido lo suficientemente claro como para que de hecho alivie a quienes más resentirán los estragos: las micro, pequeñas y medianas empresas (cerca de 4 millones de unidades económicas) y las 61 millones de personas bajo la línea de pobreza por ingresos. Resultarán particularmente afectadas las actividades ligadas al turismo, a la construcción, al sector financiero, y al sector minorista.

Ante este panorama, es necesario que el gobierno federal presente un plan económico integral de emergencia para mitigar la crisis. Este debe considerar los siguientes elementos:

1. Duración de la crisis

• Es factible una recuperación gradual de la economía en 2021, y regresar a los niveles de crecimiento previstos originalmente para 2020 (1 %).

2. Paquete de medidas

En el marco de la economía, un menú posible y no limitativo, que se caracteriza por su dualidad «formalidad-informalidad», sería:

Para el Sistema de Salud

• Reasignación de recursos para medidas preventivas de contagio, tanto en las entidades federativas del país con mayor población potencialmente vulnerable, dadas sus desventajas de salud (entre las que se encuentran el Estado de México, la Ciudad de México y Jalisco), como en las que presentan varios indicadores de debilidad de su Sistema de Salud (entre las que destacan Chiapas, Michoacán y el Estado de México).
• Fortalecimiento presupuestal de unidades de cuidado intensivo, personal médico y camas de hospital, en especial, para los estados que presentan bajo número por cada mil habitantes. Tal es el caso de Chiapas, Michoacán y el Estado de México.

Para el mercado informal

• Ampliación temporal de programas de transferencias en efectivo con el fin de atender las necesidades de quienes se encuentran en mayor desventaja.
• Ampliación de créditos a la palabra, mismos que serían repagados a mayores plazos y en mejores condiciones al regularizarse las actividades.
• Programa de empleo local de emergencia, particularmente en zonas rurales, para proporcionar ingresos ante un mercado laboral deprimido y para colaborar en la mejora del Sistema de Salud.

Para el mercado formal

• Créditos fiscales y del IMSS a las empresas, condicionados a preservación de empleo por al menos 6 meses.
• Subsidios temporales a empresas formales con problemas directamente asociados con la pandemia para evitar el cierre de su actividad.
• Transferencias monetarias a los trabajadores desempleados.

• Subsidio fiscal único, inmediato y de monto fijo, y tregua fiscal por un año a personas físicas.
• Créditos blandos de la Banca de Desarrollo a Mipymes.
• Esquemas voluntarios de renegociación de deuda con requisitos mínimos establecidos por las autoridades. El sistema financiero debe ofrecerlos a sus clientes.

3. Recursos requeridos

• El monto de los recursos necesarios para la recuperación es aún incierto. No obstante, se debe usar el espacio que existe de endeudamiento público, mismo que, actualmente, se estima que es factible en 2.2 % del PIB.³
• Recursos adicionales podrían provenir del remanente de Banco de México. Esta medida podría complementarse con un permiso temporal del Congreso de la Unión para que el Banco de México pueda comprar títulos de deuda del sector privado no financiero.

4. Mecanismos de implementación

Bajo la coordinación o control de la SHCP:

• Instituciones participantes: Secretaría del Bienestar, SEP, STPS, SE, SAT, IMSS, CONSAR, Banco de México, Banca de Desarrollo y banca privada.
• Instrumentos de asignación de recursos: unificación de padrones de beneficiarios y programas sociales, registro de contribuyentes, registro del IMSS y buró de crédito.
• Participación coordinada de las autoridades de las entidades federativas y los municipios.

Una vez superada la crisis sanitaria y económica, es indispensable y urgente implementar una reforma hacendaria, no solo para reponer los recursos utilizados, sino también para alcanzar una seguridad social universal, unificada y de calidad.

La crisis actual representa un gran reto para el país; sin embargo, también brinda la posibilidad de una gran transformación para construir el legado de un México con menos pobreza y con mayor igualdad de oportunidades.